El imputado, en razón de su edad, prestó declaración acompañado por su madre y con asesoramiento técnico del defensor oficial Penal Juvenil 2. En ese marco, reconoció su participación en el hecho y manifestó arrepentimiento, señalando que no dimensionó la gravedad de su conducta.

Asimismo, con autorización de su progenitora y del Juzgado de Garantías interviniente, se procedió al ingreso al domicilio a fin de constatar la eventual existencia de elementos de interés para la causa.

La fiscal penal juvenil 2, Carolina Hernández, imputó a un adolescente de 16 años por el presunto delito de intimidación pública, en relación con un hecho ocurrido en el Colegio Secundario Técnico República de la India.

Actualmente, el menor permanece alojado en el Instituto Especializado de Atención a Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal. En este sentido, la fiscal destacó que la manifestación de arrepentimiento por parte del imputado no resulta, por sí sola, suficiente para disponer su libertad, en tanto deben ponderarse integralmente las circunstancias del hecho y los informes técnicos correspondientes. Asimismo, se dispuso la realización de las evaluaciones interdisciplinarias previstas en el artículo 5 de la Ley N° 8097 —psiquiátrica, psicológica y ambiental—, cuyos resultados serán considerados a fin de resolver sobre la continuidad de la medida de detención.

A 15 años de su aprobación, la normativa enfrenta cuestionamientos por su implementación desigual, la falta de presupuesto y el crecimiento de problemáticas vinculadas a la salud mental. Desde el Ejecutivo sostuvieron que el proyecto apunta a actualizar criterios y facilitar intervenciones en situaciones críticas.

Sin embargo, especialistas del sector coincidieron en que el problema no radica en la ley en sí, sino en su incumplimiento. “No es que la ley no sirva, el problema es que no se aplica como corresponde”, sintetizaron, en referencia a las dificultades estructurales del sistema.

La nueva ley de salud mental impulsada por el Gobierno reabrió el debate sobre el sistema sanitario en Argentina, en un contexto marcado por reclamos históricos de familias y organizaciones que exigen mejoras concretas en la atención. La iniciativa busca reformar la Ley N° 26.657, sancionada en 2010, que en su momento fue considerada de avanzada, pero cuya aplicación presenta falencias estructurales.

Cambios en internaciones y nuevos criterios de intervención

Uno de los ejes centrales de la reforma está vinculado a los criterios de internación involuntaria. El proyecto propone modificar el concepto de “riesgo cierto e inminente para sí o para terceros”, vigente en la ley actual, para incorporar una evaluación más amplia del contexto del paciente.

Según explicaron desde el Ministerio de Salud, la normativa vigente limita la posibilidad de actuar de forma preventiva, ya que solo contempla el estado del paciente al momento de la evaluación. En ese sentido, la iniciativa propone considerar antecedentes recientes y la evolución probable del cuadro clínico.

Además, se plantea que un psiquiatra pueda indicar una internación involuntaria de manera inmediata en situaciones de urgencia, aunque esa decisión deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario dentro de las 24 horas. También se propone ampliar el plazo de notificación a la justicia de 10 a 24 horas.

Los allanamientos culminaron ayer, en horas de la tarde, y se obtuvo como resultado el decomiso de 171 ladrillos con la droga, como así también el secuestro de un tractor con acoplado, cinco camionetas, cuatro celulares y un disco DVR.
Los involucrados, quienes poseían una orden de detención, intentaron huir al momento de la aprehensión.

Se geolocalizaron ocho inmuebles (domicilios y fincas arrendadas por temporada), ubicados en la ciudad de Colonia Santa Rosa.

Tras arduas tareas de inteligencia criminal sobre una banda dedicada al tráfico de drogas, los funcionarios de la Unidad de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Orán” lograron confirmar y localizar ocho inmuebles donde se realizaban maniobras de almacenamiento de estupefacientes.

En una de las fincas arrendadas, los gendarmes visualizaron que tres hombres acopiaban paquetes rectangulares, por lo que dieron la voz de alto en nombre de la institución, pero los mismos hicieron caso omiso y emprendieron una huida a pie. Luego fueron interceptados cuando escapaban en dirección al ejido urbano.
Se decomisaron 177 kilos 755 gramos de cocaína, un tractor con acoplado, cinco camionetas, un disco DVR, cuatro celulares y elementos de interés para la causa. Los involucrados, de nacionalidades venezolana y argentina, quedaron detenidos; los cuales eran investigados por estar vinculados a una organización narcocriminal.
En estos allanamientos participaron: la Dirección Antidrogas y el Centro de Análisis Criminal, así como personal y medios del Destacamento Móvil 3, Escuadrón 20 “Orán”, Unidad de Criminalística y Estudios Forenses “Orán”, Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Tartagal” y “Jujuy”, entre otras unidades de la fuerza. Asimismo, colaboró el personal del Grupo Conjunto contra el Crimen Organizado GCO sede Bogotá (Colombia).

El acusado, José Eduardo “Jota” Figueroa, llega a debate con prisión preventiva y está imputado por el delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo, la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género en perjuicio de su esposa.El tribunal estará integrado por los jueces María Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans, quienes tendrán a su cargo el desarrollo de la audiencia en la Sala IV del Tribunal de Juicio.

Desde este miércoles 1 de abril comenzará en Salta el juicio por el femicidio de Mercedes Kvedaras, ocurrido en agosto de 2023 en el barrio privado El Tipal.

El proceso, que será llevado adelante por un tribunal colegiado, se extenderá hasta el próximo 4 de mayo y contará con la declaración de más de 80 testigos.

Por el Ministerio Público Fiscal intervendrá la fiscala de la Unidad de Femicidios (UFEM), Luján Sodero Calvet, mientras que la defensa del imputado estará a cargo del abogado Juan Casabella Dávalos. La querella representará a la familia de la víctima.

Los hechos

El hecho que se juzga ocurrió el 4 de agosto de 2023, cuando Mercedes Kvedaras fue hallada sin vida en su domicilio del barrio El Tipal, en la zona oeste de la ciudad. Según la autopsia, presentaba más de 40 heridas y falleció por asfixia mecánica mixta.

De acuerdo a lo incorporado en la causa, la víctima había manifestado temor hacia su esposo en reiteradas oportunidades, en un contexto atravesado por celos y situaciones de hostigamiento.

Los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Francisco Mascarello condenaron al ex intendente de San Lorenzo, “Kila” Gonza, a cinco años de prisión. Es la segunda condena que recibe.Esta semana, la fiscal había solicitado la pena de siete años en contra del ex jefe comunal de San Lorenzo, en una causa que había sido iniciada por el actual intendente, Manuel Saravia.

El Tribunal lo condenó a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargo público. Esta acusado de cinco hechos de peculado y un hecho de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Su hermano, Aldo Gonza, fue condenado a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta perpetua. Durante ese período se le impuso además reglas de conducta por el término de tres años, entre ellas fijar domicilio, someterse a control judicial y abstenerse de cometer nuevos delitos.

Por último, Rolando Guaymas, el secretario de Hacienda, fue condenado a la pena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo, con inhabilitación absoluta, como autor penalmente responsable de hechos de peculado.

El tribunal ordenó la inmediata detención de Ernesto Gonza y Rogelio Higinio Guaymás, disponiendo su traslado a la unidad correspondiente para el cumplimiento de la pena.