Desafectaron a 20 agentes de la oficina salteña del organismo nacional. Se presentó una denuncia penal en la Justicia Federal.
A un mes de la intervención de la oficina de la Anses de Salta, se develó el modus operandi de una red que trabajaba dentro del organismo nacional para facilitar turnos cobrados de manera irregular para distintos trámites y derivar de manera especial a algunos estudios jurídicos cercanos a la dependencia administrativa de calle Jujuy a quienes tenían que realizar gestiones previsionales.
La comisión interventora se instauró a fines de marzo, luego que la directora ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta, se enteró en una visita a Salta de diversas irregularidades de la gestión que llevaban adelante Marcos Vera y Susana Aramayo en la Udai (Unidad de Atención Integral) Norte, quienes tuvieron que renunciar por la gravedad de las denuncias que escuchó la funcionaria.
La auditoría que inmediatamente se realizó vino a confirmar lo que se sospechaba e incluso derivó en una denuncia penal presentada ante la Justicia Federal por la presunta comisión de los delitos de “abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de los funcionarios públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, defraudación en perjuicio de la administración pública y tenencia ilegítima de documento nacional de identidad”.
El principio del fin para los camporistas Vera y Aramayo se precipitó por la pésima atención que otorgaba la Udai Norte desde que arrancó la pandemia. Esa desidia hizo más evidente el negociado montado desde hace años con la venta de turnos para trámites en la Anses, que se conseguían por distintas vías por un monto que iba desde los 200 a los 1.500 pesos, como pudo corroborar este diario en un informe publicado a principios de abril.
En cybers y otros locales y hasta por contactos que pasaban de mano en mano por las redes sociales, se podían conseguir los turnos.
Solo mediante una cuenta de mail que utilizan empleados del Anses descubierta en relevamiento sumarial se detectó que fue utilizada para 3.850 solicitudes de turnos, correspondientes a más de 3.000 titulares que los gestionaron mediante los pagos clandestinos. Los trámites diligenciados desde esa cuenta de correo datan desde 2017 hasta hace unos meses atrás.
Por la investigación interna, 20 agentes fueron desafectados, suspendidos, sumariados o reubicados para que no se entorpezcan las diligencias judiciales.
