A 15 años de su aprobación, la normativa enfrenta cuestionamientos por su implementación desigual, la falta de presupuesto y el crecimiento de problemáticas vinculadas a la salud mental. Desde el Ejecutivo sostuvieron que el proyecto apunta a actualizar criterios y facilitar intervenciones en situaciones críticas.
Sin embargo, especialistas del sector coincidieron en que el problema no radica en la ley en sí, sino en su incumplimiento. “No es que la ley no sirva, el problema es que no se aplica como corresponde”, sintetizaron, en referencia a las dificultades estructurales del sistema.
La nueva ley de salud mental impulsada por el Gobierno reabrió el debate sobre el sistema sanitario en Argentina, en un contexto marcado por reclamos históricos de familias y organizaciones que exigen mejoras concretas en la atención. La iniciativa busca reformar la Ley N° 26.657, sancionada en 2010, que en su momento fue considerada de avanzada, pero cuya aplicación presenta falencias estructurales.
Cambios en internaciones y nuevos criterios de intervención
Uno de los ejes centrales de la reforma está vinculado a los criterios de internación involuntaria. El proyecto propone modificar el concepto de “riesgo cierto e inminente para sí o para terceros”, vigente en la ley actual, para incorporar una evaluación más amplia del contexto del paciente.
Según explicaron desde el Ministerio de Salud, la normativa vigente limita la posibilidad de actuar de forma preventiva, ya que solo contempla el estado del paciente al momento de la evaluación. En ese sentido, la iniciativa propone considerar antecedentes recientes y la evolución probable del cuadro clínico.
Además, se plantea que un psiquiatra pueda indicar una internación involuntaria de manera inmediata en situaciones de urgencia, aunque esa decisión deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario dentro de las 24 horas. También se propone ampliar el plazo de notificación a la justicia de 10 a 24 horas.